El marco conceptual completo, la metodología, los principios de gobernanza y el enfoque de implementación de la Plataforma Teisond.
Todo ciudadano de un país gobernado democráticamente es titular de un conjunto de derechos civiles y políticos reconocidos internacionalmente: derechos que protegen al individuo frente a la injusticia del Estado y que le aseguran un lugar en la vida cívica y política de la sociedad. Algunos de ellos, sin embargo, siguen siendo declaraciones. Están escritos en tratados, constituciones y leyes, pero carecen de mecanismo alguno mediante el cual una persona corriente pueda ejercerlos de verdad.
Las democracias modernas no disponen de mecanismo alguno por el que el juicio de los ciudadanos pueda incidir en la calidad del poder que se ejerce sobre ellos: ni durante los largos intervalos entre elecciones, ni respecto de la autoridad del mandato no otorgado, esa multitud de funcionarios que son designados y no elegidos. Esta ausencia no es un descuido pendiente de corrección. Se ha consolidado como un rasgo estructural permanente del orden democrático, y preserva intacto un conflicto social latente tan antiguo como el propio gobierno: el conflicto inherente a la coacción que unos miembros de la sociedad ejercen sobre otros y a la desigualdad de sus posiciones respecto de la distribución del poder.
Teisond es una plataforma digital universal, capaz de operar de manera independiente y autónoma en cualquier jurisdicción democrática como una infraestructura nacional de juicio cívico económicamente autosuficiente.
Su propósito es ampliar el repertorio familiar de la práctica democrática con un mecanismo más: una institución de monitoreo cívico de la legitimidad pública de los funcionarios en todos los niveles del poder público. Ese monitoreo consiste en la recopilación y agregación continuas de las actitudes personales de los ciudadanos hacia quienes ejercen el poder: juicios emitidos por ciudadanos verificados del país, usuarios de la Plataforma Teisond, por voluntad y elección propias, libremente y sin coste alguno, en una forma binaria simple, confianza o desconfianza, y abiertos al cambio o a la retirada en cualquier momento.
A partir de esos juicios, la Plataforma produce índices públicos de legitimidad de cada objeto de monitoreo, publicados una vez acumulado un cuerpo mínimo suficiente de juicio. Más allá de los índices mismos, una especialización propia de la Plataforma es la generación continua de derivados analíticos del monitoreo: datos destinados al uso de todos los participantes en el intercambio público de información, con fines personales, cívicos y comerciales.
Lo que separa a Teisond de los muchos canales existentes de comunicación e intercambio de información es de orden arquitectónico. Resuelve el viejo dilema entre autenticidad y anonimato: el hash criptográfico irreversible une, por primera vez, la verificabilidad del participante con el anonimato del juicio.
Una consecuencia de una institución de esta naturaleza es la aparición de una categoría de datos que antes no existía: el Análisis de Legitimidad Pública (PLA, por Public Legitimacy Analytics). La solidez científica de la metodología con la que la plataforma Teisond recopila estos datos es lo que los hace fiables; el valor de mercado de los productos informativos de la Plataforma es lo que hace económicamente autosuficiente la infraestructura del juicio cívico.
La teoría constitucional clásica proclama al pueblo única fuente del poder. Según esa lógica, la democracia representativa es el marco legítimo, y el sistema de administración pública, el instrumento que da efecto a la voluntad del soberano. La práctica del gobierno moderno revela una divergencia persistente entre la declaración y la realidad social. Las democracias han topado con un déficit de rendición de cuentas que está convirtiendo la gobernanza pública, gradualmente, en un proceso cerrado que se reproduce a sí mismo. El déficit es de carácter sistémico y se manifiesta en dos circuitos conectados, cada uno de los cuales debilita la capacidad de los ciudadanos para influir sobre quienes los gobiernan.
El primer circuito está inscrito en la naturaleza misma del modelo representativo, que puede reducirse a una fórmula: poder continuo, supervisión episódica.
El día de las elecciones, el ciudadano es el sujeto supremo de la política: delega mediante la urna el derecho a gobernar. Pero ese acto es único, un cheque en blanco condicional firmado con años de antelación. Cerrados los colegios electorales, el poder se vuelve continuo, autónomo y monopolístico, mientras el control público sobre él se reduce a lo nominal. El ciudadano pasa del centro del sistema de administración pública a su periferia, y de sujeto de la política se convierte en objeto de sus efectos.
Las elecciones formales siguen siendo el mecanismo principal de renovación y revocación de los mandatos de poder, pero ocurren de manera discreta, por lo común una vez cada cuatro o cinco años. Entre un acontecimiento electoral y el siguiente, los ciudadanos atraviesan un largo periodo de privación práctica de derechos, desprovistos de todo instrumento estructurado y accesible de influencia. Las formas legalizadas de interacción política, audiencias públicas, asambleas, peticiones, son recibidas por la población como rituales sin consecuencia. Las iniciativas digitales del género gov tech y las prácticas deliberativas no levantan más que una fachada participativa, pues son marcadamente consultivas y fáciles de desoír por los funcionarios a quienes se dirigen. El poder permanece continuo; su supervisión, esporádica.
Mientras el primer circuito concierne únicamente al poder electo, el segundo, el más profundo de los dos, abarca el aparato entero de la administración pública del Estado.
La gobernanza moderna está jurídicamente estratificada: los representantes electos se concentran en normas marco de alcance nacional, mientras el poder real de cada día, el derecho a dictar instrucciones y conceder licencias, a asignar presupuestos, a inspeccionar y a sancionar, pasa a los designados.
Más allá de los cargos del poder político opera un inmenso aparato administrativo y burocrático que gobierna día a día el espacio público y ejerce una autoridad directa e inmediata sobre la población. Son los directores de centros sanitarios y educativos, los responsables de los servicios sociales, los jefes de las inspecciones, los mandos y funcionarios de las fuerzas del orden. Todos ellos toman decisiones, generales e individuales, que los ciudadanos están obligados a acatar bajo la amenaza de la coacción estatal.
Cuando un funcionario de esta clase resulta incompetente, parcial, despectivo o movido por la corrupción, el ciudadano corriente queda en una situación de ausencia efectiva de defensa legítima. Los procedimientos de recurso son, en su mayor parte, internos al propio departamento y están orientados a proteger los intereses de la institución; la tutela judicial es o bien desproporcionada en coste respecto del peso del asunto, o bien inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos; los medios responden solo a casos aislados lo bastante ruidosos para convertirse en noticia. Las palancas electorales son aquí impotentes: esta categoría de funcionarios, por definición, no se elige y no corre riesgo electoral alguno. El ciudadano, en suma, no dispone de palanca real alguna sobre su conducta ni sobre la calidad de su administración.
Esta ausencia efectiva de retroalimentación entre gobernados y gobernantes es lo que constituye el déficit de influencia pública legítima.
La magnitud del punto ciego administrativo que forman los dos circuitos es asombrosa. Por supervisión pública permanente no se entiende aquí el análisis político especializado ni la visibilidad mediática, sino la medición regular, verificada y sistemática del nivel de confianza pública. Con ese criterio, en cualquier democracia moderna la inmensa mayoría del aparato de poder queda por completo fuera de toda supervisión.
En un país europeo medio de treinta a cincuenta millones de habitantes, apenas unas decenas de figuras políticas de primer nivel están cubiertas por alguna forma de monitoreo sociológico. Los poderes reales de autoridad, en cambio, la disposición de los recursos de la sociedad, las decisiones de permiso y prohibición, el ejercicio de las funciones de coacción, están en manos de más de cien mil administradores designados.
Las cifras siguientes muestran la proporción entre quienes ejercen efectivamente el poder del Estado y aquellos cuya posición ante el público se sigue, al menos esporádicamente, entre elecciones:
una democracia pequeña (3–5 millones de habitantes): entre 10.000 y 20.000 funcionarios que ejercen poder, frente a entre 5 y 15 bajo observación esporádica;
un Estado modesto (10–30 millones): entre 30.000 y 100.000, frente a entre 10 y 30;
un Estado mediano (30–50 millones): entre 100.000 y 150.000, frente a entre 15 y 50;
un Estado grande (50–100 millones): entre 150.000 y 500.000, frente a entre 30 y 80.
Dicho de otro modo: por cada funcionario cuyo nivel de confianza pública se publica periódicamente, hay varios miles que actúan en condiciones de completa invisibilidad pública.
La persistencia de ambos circuitos descansa sobre dos premisas profundas, incorporadas a la arquitectura moderna del poder.
La primera es la presunción de un demos incompetente. Las instituciones políticas y la técnica electoral parten del supuesto, apenas disimulado, de que el ciudadano corriente es incapaz de formarse una valoración racional e independiente de decisiones administrativas complejas. Se entiende que los ciudadanos delegan el poder en sus representantes mientras permanecen, de forma permanente, sin las competencias que exigiría supervisarlos. De ahí se sigue la práctica asentada de gestionar la conducta del votante mediante narrativas mediáticas y campañas de información, justificada por un bien público toscamente generalizado.
La posición contraria, menos popular entre las élites gobernantes, sostiene que la competencia cívica es una capacidad real y ampliamente distribuida de la sociedad. No idealiza a los ciudadanos como bien informados o inmunes a la manipulación, pero rechaza de plano la idea de una incapacidad innata de la población para reconocer su propio interés o el de la sociedad. Que las personas son capaces de observar la acción de las instituciones, contrastarla con sus propias expectativas y formarse un juicio pertinente sobre la calidad de la administración pública no está en duda. La única cuestión es si existe un sistema de intercambio de información capaz de convertir esa capacidad en una señal pública sostenida.
La segunda premisa concierne a la lógica interna del aparato estatal. En teoría, la vertical ejecutiva del funcionariado rinde cuentas ante los políticos electos, y estos, a su vez, ante el pueblo. En la práctica, el esquema se ve erosionado por la politización de la función pública y por el nepotismo.
Puesto que el aparato burocrático es, de ordinario, criatura del grupo político en el poder, ese grupo pierde todo motivo para ejercer un control real sobre sus propios designados. El efecto es de encubrimiento mutuo: el aparato suministra a los políticos recurso administrativo y estabilidad financiera, y los políticos garantizan a cambio al aparato inmunidad frente a la ley y frente a la ira pública [O'Donnell, 1998]. La rendición de cuentas jerárquica declarada dentro del aparato estatal se convierte en el instrumento con el que el sistema se defiende de la influencia externa de su propia fuente constitucional. Este rasgo del sistema no debe atribuirse a inclinación conspirativa alguna de sus participantes individuales; es la consecuencia de operar sin ninguna supervisión externa independiente.
El déficit de influencia extraelectoral y el déficit de influencia pública legítima comparten una única causa raíz: la ausencia de un sistema organizado de rendición de cuentas mutua entre ciudadanos y poder que exista como institución social por derecho propio.
Los funcionarios ejercen un poder continuo por diseño del sistema; los ciudadanos carecen de todo mecanismo sistemático y continuo que incida en la calidad de ese poder. La consecuencia es una relación estructuralmente unidireccional: la autoridad fluye hacia abajo sin interrupción, mientras la respuesta de su fuente asciende solo episódicamente y, respecto del segmento más numeroso de esa autoridad, no asciende en absoluto. La arquitectura moderna de la gobernanza pública exhibe una asimetría profunda. El sistema de administración estatal dispone de sólidas barreras institucionales, procedimientos elaborados e inmunidades jurídicas que protegen a los administradores del descontento público, mientras el ciudadano, bajo la presión continua de las decisiones burocráticas, queda sin defensa.
Ante todo, el problema no es especulativo. La calidad evidentemente declarativa del celebrado estatus del pueblo como fuente del poder tiene un significado práctico crítico, sobre todo por la amenaza permanente de una crisis de legitimidad. Cuando los ciudadanos empiezan, en masa, a ver ese estatus como una fórmula sobre el papel, la confianza en las instituciones del Estado como tales se desmorona. La práctica política atestigua que cuando un principio constitucional deja de funcionar, lo que sigue no es una disputa teórica, sino una convulsión social real, de la ruptura revolucionaria al deslizamiento de regreso al autoritarismo.
El déficit de rendición de cuentas mutua entre el poder y los ciudadanos no es más especulativo que todo esto. La rendición de cuentas en forma institucionalizada, reconocida por la sociedad, es casi la única salvaguardia real que preserva a una población de perder todo sentido de influencia sobre el poder y, con ello, de las consecuencias destructivas descritas.
Varios factores estructurales explican por qué una infraestructura de rendición de cuentas mutua entre ciudadanos y poder nunca surgió por sí sola.
El más obvio es la limitación tecnológica de las épocas anteriores. Hasta ahora no existía instrumento alguno para la recopilación, agregación y publicación masivas de los juicios individuales de los ciudadanos en tiempo real. Los instrumentos heredados, peticiones, encuestas, concentraciones, fueron moldeados por las capacidades de comunicación de su tiempo y nunca fueron concebidos como medio de intercambio continuo de información entre una población y su gobierno.
El segundo factor es el rechazo inherente de la burocracia, en toda época, a cualquier intento externo de supervisión que no pueda administrar ella misma. Todo sistema resiste las ideas, los fenómenos o los elementos ajenos incompatibles con su naturaleza profunda. Los mecanismos internos de control, entretanto, se crean para proteger la cohesión institucional, no para ampliar el espacio de intervención desde fuera.
A esto pertenece el oportunismo político, y la ventaja política que se deriva de la existencia de zonas grises y de vacíos de rendición de cuentas entre elecciones, y de ahí la ausencia de todo incentivo para construir una infraestructura que los colme.
Todo ello se ve reforzado por las barreras a la acción colectiva: la dispersión de los ciudadanos y la falta de recursos para levantar sistemas independientes de monitoreo. Allí donde surgen grupos organizados, sirven en su mayoría a intereses estrechos y no a la idea de una supervisión cívica sistemática en todos los niveles del poder, una idea que siempre ha cargado con el supuesto de un demos incapaz de formarse juicios dignos de consideración en materia de política y administración.
Por último, un papel decisivo lo desempeñó el descuido, en el ámbito académico, de toda visión de la legitimidad pública como variable continua, cuantificada y dinámica, que puede y debe someterse a medición pública permanente. La ausencia de un marco conceptual impidió a su vez que el término se formara y que el paradigma fuera reconocido; y así, el constructo social correspondiente no generó demanda alguna de una infraestructura que lo sirviera. Es esta omisión, conceptual y tecnológica a la vez, la que Teisond existe para colmar.
A lo largo de los siglos, el mundo democrático ha producido instrumentos dirigidos, de un modo u otro, a ordenar la relación entre la sociedad y el poder, y dentro de ella la desigualdad de las posiciones de las partes respecto de la influencia sobre las decisiones del poder. Ninguno de esos instrumentos, por separado o en conjunto, ha demostrado ser capaz de cerrar los déficits descritos. La razón no está en defecto o ineficiencia alguna de los instrumentos mismos, sino en que ninguno corrige la asimetría estructural de la influencia: el poder se ejerce de manera continua, mientras la influencia sobre él sigue siendo episódica y desigualmente distribuida. En otros tiempos, esa asimetría se tenía por una propiedad innata del orden de las cosas. En el mundo moderno amenaza cada vez más tanto la estabilidad social como la eficacia de la sociedad, pues la desconfianza y el descontento acumulados no encuentran cauce legítimo de salida.
Las elecciones siguen siendo la piedra angular de la rendición de cuentas, pues llevan incorporado un mecanismo directo de sanción: el reemplazo de quienes gobiernan. Pero operan solo en macrociclos, confinando el derecho de intervención política del ciudadano a un acceso rígidamente periódico. Respecto de la multitud de administradores designados, no se prevé forma alguna de ese derecho. Las elecciones arrojan además un resultado binario, mantener o reemplazar, que comprime miles de impresiones y juicios en una única elección bipolar.
Los instrumentos alternativos de expresión directa, los referendos, los procedimientos de revocación según el principio del mandato imperativo y figuras semejantes, comportan un umbral de movilización y un coste excepcionalmente altos. Se emplean por ello solo en situaciones de crisis, y solo allí donde la ley los prevé expresamente.
Las instituciones de control parlamentario e intraestatal, como los tribunales de cuentas, las inspecciones supervisoras y las defensorías del pueblo, son expresión característica del intento de la democracia de incorporar mecanismos de rendición de cuentas directamente en la maquinaria del Estado.
Cada una está llamada a asegurar el desempeño de alguna función importante para el Estado, pero contarlas como parte de una infraestructura cívica de supervisión sería ingenuo. En la práctica se concentran o bien en la política de alto nivel o bien en desviaciones jurídicas manifiestas, dejando de lado la ineficacia administrativa, la obstrucción burocrática y la arrogancia institucional de los funcionarios en su trato con la población. Situados dentro del aparato estatal, tales órganos se ven inevitablemente arrastrados a coaliciones protectoras verticales, donde preservar la estabilidad del sistema prevalece siempre sobre aplacar el descontento público.
En estas condiciones, la queja de un individuo está condenada a permanecer solitaria dentro de un sistema burocrático cerrado. No se acumula con otras semejantes, no se convierte en una señal pública transparente y deja el alcance real del problema invisible para la sociedad.
Los instrumentos de participación ciudadana exhiben limitaciones de otro orden. Las campañas de peticiones, aun cuando caducan en el momento en que se emite una respuesta burocrática formal, sí generan una señal pública esporádica. Su eficacia global es, no obstante, insignificante, por el carácter jurídicamente no vinculante de las demandas y el carácter discrecional de la respuesta. Una ilustración de esto último es la existencia de umbrales formales de firmas: diez mil pueden desencadenar una reacción; nueve mil novecientas noventa y nueve, no. La debilidad principal de la petición como instrumento de influencia cívica, sin embargo, es que ni el hecho de su presentación ni el contenido de sus demandas crean, por sí mismos, incentivo alguno para que el poder responda. Como instrumentos de influencia cívica o de supervisión del poder, por tanto, las peticiones no pueden servir.
La protesta callejera señala el límite exterior de la tensión del sentimiento público, pero comporta un alto coste de participación, riesgos para la seguridad personal de quienes intervienen y la elevación del conflicto al estadio de la confrontación abierta. Para construir un equilibrio social duradero es, por definición, inadecuada.
Las formas colectivas de participación, como las audiencias y consultas públicas, adolecen de un error sistemático de muestra, pues quienes toman parte constituyen una minoría no representativa y a menudo interesada. Más allá de eso, los procedimientos de este género tienen un carácter marcadamente declarativo, lo que permite a los funcionarios simular el diálogo sin contraer obligación alguna de cambiar su conducta.
El sondeo sociológico es un instrumento relativamente eficaz para estudiar el estado del sentimiento público, pero resulta inadecuado para el papel de infraestructura pública de rendición de cuentas por límites puramente estructurales, junto a una serie de defectos sistémicos.
Los defectos de la práctica demoscópica actual respecto de las actitudes hacia los políticos públicos nacen de problemas metodológicos, del contexto político y de la psicología de los encuestados, y pueden agruparse bajo cuatro epígrafes. Entre las fallas metodológicas y de procedimiento están los efectos de la lista impuesta, un repertorio restringido de nombres y el modelado artificial de un rating mediante la inclusión o exclusión de un político dado, la redacción manipuladora de las preguntas y la dificultad de componer una muestra representativa. Entre los factores psicológicos y de conducta del encuestado figuran el efecto de deseabilidad social, por el que los encuestados ocultan sus preferencias políticas reales; el temor a expresar una opinión crítica en encuestas telefónicas o puerta a puerta; y la superficialidad de las valoraciones, que fijan una emoción momentánea en lugar de una actitud asentada.
Un grupo aparte de problemas concierne a la manipulación en la publicación de resultados y a la actividad de los servicios pseudosociológicos: ratings por encargo e inventados, presentación fragmentaria de los datos en los medios, desprecio de un margen de error que puede exceder la distancia entre candidatos y desprecio de la proporción de encuestados indecisos o que rehusaron el contacto. Queda, por último, el problema del dinamismo de los datos, el efecto de corta vida: cifras que han perdido vigencia y cuya publicación, con frecuencia, desinforma a la sociedad en lugar de reflejar la realidad.
Las redes sociales conceden a los ciudadanos un margen sin precedentes para expresar cualquier juicio, incluida su actitud hacia cualquier titular del poder, pero como infraestructura de rendición de cuentas arrastran defectos fundamentales de construcción. No exigen verificación: cualquiera puede crear una cuenta. Carecen de estructura: una publicación crítica y la producción de una granja de bots son indistinguibles como formato de datos. Y no realizan agregación alguna: las expresiones individuales de descontento no componen una señal pública creíble.
La consecuencia es que las redes sociales y las plataformas digitales de propósito general generan ruido emocional desestructurado y padecen una falta de fiabilidad endémica por la prevalencia de los bots. Junto a ello, un defecto sustancial de las redes sigue siendo el déficit de privacidad: al criticar al poder, el ciudadano se expone a riesgos de perfilado, persecución y represalia personal, dada la facilidad de la desanonimización.
En resumen: ninguno de los instrumentos existentes posee el conjunto de propiedades críticamente necesario que una hipotética infraestructura de rendición de cuentas democrática habría de reunir a la vez: continuidad de funcionamiento, universalidad de cobertura, verificación criptográfica que elimine la distorsión, agregación matemática de los juicios, participación cívica sin trabas y protección arquitectónica de la privacidad.
Este conjunto de propiedades, o algo que se le aproxime, no ha pertenecido jamás a ningún instrumento de participación cívica ideado hasta la fecha. Antes de pasar a modelar una alternativa en condiciones, con todo, vale la pena considerar por qué los numerosos intentos de modificar los instrumentos existentes, en el sentido de superar el déficit democrático de rendición de cuentas, no conocieron el éxito.
Los déficits descritos no pasaron inadvertidos. La teoría política ha propuesto más de una vez vías para superarlos, pero cada intento chocó con la resistencia estructural del mismo sistema que se proponía reformar. Estos intentos importan aquí no como referencia histórica, sino como evidencia: la brecha no se cierra refinando los instrumentos existentes. Exige un instrumento de otra naturaleza. Lo que sigue examina los intentos de reformar ambos circuitos, junto con las razones por las que cada uno de ellos topó, sin excepción, con duras barreras institucionales.
Los intentos de superar los déficits de rendición de cuentas del primer circuito tomaron la forma de dos formatos progresivos de orden político. El primero es la democracia deliberativa, en la que la condición de una decisión administrativa es el logro previo de un consenso público mediante la participación de los ciudadanos en su elaboración. El segundo es la democracia electrónica, que prevé la participación cívica en la gobernanza a través de los medios de las tecnologías de la información y la comunicación [Habermas, 1975; Fishkin, 2011].
Ambos formatos revelaron a su debido tiempo defectos propios. El más notorio es la fachada participativa, nacida del carácter consultivo de las decisiones adoptadas por tales procedimientos y de la libertad sin reservas de sus destinatarios para desoírlas. El segundo es el elitismo de la participación: la práctica deliberativa atrae siempre a un pequeño grupo autoseleccionado cuya composición no representa a la sociedad. El tercero, propio de los formatos digitales, es el riesgo de populismo, la votación emocional sin análisis profundo, donde la velocidad y el alcance masivo del canal premian la reacción antes que el juicio [Coleman & Moss, 2012]. En suma, los formatos de este género ensanchan el espacio de expresión, pero no crean mecanismo alguno cuyas consecuencias el poder no pueda ignorar.
El intento más radical de reanimar el segundo circuito residió en la idea de hacer electivos a los administradores designados, según el modelo de la elección de sheriffs y jueces en algunos estados de EE. UU. La lógica es atractiva: si la fuente del problema es la ausencia de responsabilidad electoral, introdúzcase responsabilidad electoral.
El defecto principal de esta vía resultó ser la politización de los cargos profesionales. Cuando los órganos policiales o judiciales empiezan a tomar decisiones con la vista puesta en los ratings electorales y no en la ley, la función misma para la que esos cargos existen queda dañada. Más allá de eso, el votante carece objetivamente de instrumento para valorar competencias estrechamente especializadas: la calidad procesal del trabajo de un juez o de un investigador no puede juzgarse mediante una papeleta, como no puede elegirse un cirujano por votación [Schumpeter, 1942]. Hacer electivo un cargo profesional sustituye el principio de los criterios por la lógica electoral y deja a los ciudadanos sin medio alguno de juzgar el fondo.
El enfoque siguiente se materializó en la forma de órganos supervisores cuasi independientes: estructuras anticorrupción especializadas, inspecciones, instituciones del defensor del pueblo y figuras afines. La intención era situar el control fuera de la vertical tradicional de la administración y dotarlo de autonomía institucional.
El defecto principal, y bastante obvio, resultó ser la velocidad con que tales órganos adquirieron procedimientos cerrados propios y se convirtieron en una nueva megaburocracia, aislada de la sociedad civil [Pollitt & Bouckaert, 2011]. Creado como remedio contra el hermetismo del aparato, un órgano de esta clase reproducía inevitablemente ese mismo hermetismo en un nuevo nivel. El resultado es que, en lugar de un árbitro independiente, el ciudadano recibe una institución más, a la que dirigirse según sus propias reglas y de la que aguardar su propia discreción. Más aún: un controlador externo por diseño acaba integrándose, de hecho, en la misma estructura de protección mutua que debía contrapesar.
El tercer enfoque, fundado en el concepto de la nueva gestión pública, introdujo mecanismos de mercado y de servicio, bajo los cuales el Estado se transforma en plataforma digital y el funcionario en proveedor de servicios con KPI automatizados [Osborne, 2010].
Cabe subrayar que este modelo demostró su valía en el nivel inferior y rutinario de la administración, donde la interacción con el ciudadano se reduce a un servicio simple, como la expedición de un certificado o una licencia. En los niveles superiores de la decisión regulatoria, sin embargo, los criterios de mercado se revelan insostenibles: la función de la coacción estatal es, por su naturaleza, ajena a la lógica del servicio de mercado. La eficacia de un inspector que impone una sanción, o de un investigador que restringe la libertad, no es la eficacia de un proveedor de servicios evaluable con indicadores de servicio. Donde la autoridad es coacción y no servicio, la métrica de la satisfacción del cliente pierde su sentido.
Con toda su variedad de concepción, cada uno de estos intentos chocó con una única barrera común, más visible en el segundo circuito. Es la asimetría de información, el fenómeno weberiano del poder mediante el monopolio del conocimiento, donde la jerga jurídica compleja y las instrucciones departamentales preservan con fiabilidad el déficit de influencia pública [Weber, 1978]. Mientras el aparato siga siendo la única parte que entiende sus propios procedimientos y controla sus propios datos, todo intento de supervisión desde fuera está obligado a apoyarse en la información suministrada por el propio objeto de esa supervisión.
De aquí se sigue una conclusión que estrecha el campo de las soluciones posibles: ninguna reforma de la propia vertical del poder, y ninguna reforma funcionalmente dependiente de esa vertical, es capaz de superar esta barrera, pues hereda los orígenes de la barrera misma.
La debilidad institucional, empíricamente demostrada, de los modelos tradicionales de administración pública deja establecido el punto: ni los actos aislados de activismo cívico, ni las salvaguardias cuasi independientes incrustadas en la vertical del poder, ni los diversos servicios gov tech creados por el propio Estado son objetivamente capaces de defender el interés público frente a un sistema que protege su propio hermetismo de la influencia exterior, y el interés privado de sus funcionarios. Los instrumentos existentes de participación cívica en la gobernanza pública no cierran los déficits de rendición de cuentas, y la modernización de esos instrumentos carece de perspectiva, dado que están incrustados en la vertical del poder, dependen de ella, o ambas cosas.
El contrapeso social a un sistema institucionalizado de coacción estatal gobernado por la lógica de la autoconservación solo puede ser otro sistema, institucionalizado en la misma medida: una institución social propia, independiente del poder, que opere en el nivel donde se satisfacen las necesidades sociales y psicológicas del ciudadano individual.
La solución Teisond es un sistema de monitoreo cívico continuo de la legitimidad del poder, cuyo propósito es estructurar, regular y legitimar una supervisión sostenida del modo en que se ejercen, en el periodo entre elecciones, los poderes delegados por los ciudadanos.
La encarnación práctica de ese sistema es una infraestructura digital pública de retroalimentación no coactiva, extraformal y sostenida, que genera continuamente datos con incidencia en las consecuencias personales de carrera y de reputación para los titulares del poder, y convierte así los juicios de los ciudadanos en señales visibles y en incentivos que los funcionarios pueden sentir.
Que tal sistema responde a las marcas clásicas de una institución social es evidente. El propósito principal de las instituciones sociales es prestar estabilidad, orden y previsibilidad a las relaciones sociales, y su forma de existencia es una infraestructura pública duradera que asegura la participación libre y sin trabas de los ciudadanos en su funcionamiento. Al mismo tiempo, el déficit democrático de rendición de cuentas es un fenómeno sistémico, omniabarcante y políticamente sensible, y por ello solo puede superarse mediante otro sistema a la escala de una institución social, no mediante una iniciativa puntual o un instrumento pasivo. La supervisión cívica continua de la legitimidad pública del poder puede y debe convertirse en una práctica social generalmente reconocida, institucionalizada con el tiempo como una institución autónoma independiente del Estado.
El principio fundacional de Teisond no carece de precedente. Los movimientos de datos abiertos y la legislación de transparencia ya establecieron el derecho de los ciudadanos a información estructurada procedente de la esfera de la administración pública, de los presupuestos abiertos a la contratación transparente. Hasta ahora, sin embargo, ese principio cubría solo la dimensión institucional del poder. Teisond da el paso siguiente y lo extiende a la dimensión personal: la visibilidad pública de la legitimidad de cada funcionario individual.
El significado de este marco se aclara al contraponerlo a la institución clásica de las elecciones. Ambos sistemas son instituciones sociales y, en el sostenimiento de la viabilidad de la democracia, cumplen funciones distintas pero complementarias. La institución de las elecciones estructura, regula y legitima la delegación discreta de poderes del soberano a sus representantes en macrociclos. La institución del monitoreo cívico continuo de la legitimidad del poder estructura, regula y legitima la supervisión sostenida de cómo se ejercen esos poderes en el periodo entre elecciones. La primera responde a la pregunta de a quién confía el pueblo el poder; la segunda, a la de cómo se ejerce ese poder día a día una vez delegado.
El propósito de esta nueva institución social no es, en consecuencia, ni suplantar las instituciones ya existentes, las políticas ante todo, ni mejorarlas. Su tarea no es la intervención en el trabajo del poder ni en el procedimiento electoral, sino asegurar un equilibrio duradero dentro del sistema de gobernanza, contrapesando la coacción del poder con la señal reputacional continua de la sociedad. No confiere al ciudadano derecho alguno a decidir en lugar del funcionario. Devuelve al ciudadano el derecho a un juicio propio y a su visibilidad pública: derechos democráticos básicos perdidos desde la antigüedad.
Toda institución social con la ambición de ser algo más que un conjunto de declaraciones requiere un esqueleto material y técnico: una infraestructura propia. La institución de las elecciones descansa sobre una extensa infraestructura estatal de comisiones electorales, colegios y sistemas de recuento. Pero la naturaleza particular de una institución que monitorea la legitimidad del poder no le permite depender del Estado ni de su base material, puesto que el objeto de su supervisión es el propio Estado. Una infraestructura administrada por la parte a la que debe observar pierde su sentido en el momento mismo de su creación.
En las condiciones modernas, entretanto, la viabilidad de esta institución puede asegurarla una infraestructura digital independiente surgida directamente en el seno de la sociedad civil: una plataforma de tecnología cívica con una arquitectura de datos verificable y algoritmos abiertos a la auditoría independiente. La resiliencia de tal infraestructura no descansa en derechos de propiedad, ni en medios tecnológicos, ni en la protección física de los servidores, sino en la legitimación jurídica: en las normas constitucionales básicas y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza a toda persona el derecho a participar directamente en la dirección de los asuntos públicos. En cuanto a su propio estatuto institucional, asimismo, el monitoreo cívico de la legitimidad pública es un instrumento que da efecto al derecho de expresión política de los ciudadanos: la posibilidad, prevista por el derecho, de expresar libremente la propia voluntad, los propios pensamientos e intenciones, con consecuencias incluso jurídicas, y fundada en la libertad de expresión y de creencia.
En última instancia, sin embargo, la resiliencia de una institución de monitoreo público no la aseguran ni el derecho ni la tecnología, sino la escala. Una institución así nace y perdura mientras una masa crítica de la sociedad comparta sus fines y sus motivos. Cuando los instrumentos de monitoreo de la legitimidad son usados por millones de ciudadanos verificados, la práctica de la supervisión se convierte en un fenómeno social que no puede contrarrestarse administrativamente sin entrar en conflicto con la fuente misma del poder.
Sobre estos fundamentos, institución, infraestructura independiente, escala, se construye la arquitectura sustantiva de la Plataforma Teisond que presenta este White Paper.
La encarnación práctica de la Plataforma requiere un entorno que convierta una señal social dispersa en datos estructurados, con baja fricción y alta seguridad.
La arquitectura de Teisond se despliega en dos niveles. El nivel cívico proporciona a los ciudadanos verificados el acceso a la participación en el monitoreo de la legitimidad pública de los titulares del poder y los medios para emitir su juicio. El nivel de la Plataforma responde de la recopilación, el almacenamiento y la agregación de esos juicios en índices públicos de legitimidad, protegidos por un umbral de representatividad y por el principio de privacidad desde el diseño, y de la preparación de la analítica que los acompaña. Los consumidores de los productos informativos de la Plataforma no forman un nivel arquitectónico aparte: funcionarios, medios, ONG e investigadores difieren solo en sus procedimientos de acceso. Entre las ventajas de esta disposición, dos son de primera importancia: supera la asimetría del intercambio de información entre ciudadanos y poder inherente a los medios tradicionales de comunicación de masas, y niega a las partes de ese intercambio todo medio de influencia directa entre sí.
La interfaz de la Plataforma está diseñada según la lógica de un producto digital de masas accesible. Cualquiera puede consultar los índices vigentes de legitimidad de los funcionarios libremente y sin registro; esos datos están abiertos a todos. La identificación de los usuarios ciudadanos se requiere solo en el momento de emitir el primer juicio, lo que introduce, como cuestión de procedimiento, el estándar democrático de un ciudadano, una cuenta. Después no se necesita identificación repetida alguna: el acceso a la cuenta lo asegura una clave criptográfica de acceso vinculada al dispositivo del ciudadano, y emitir o cambiar juicios respecto de cualesquiera funcionarios toma unos segundos y no exige comprobaciones ulteriores. La verificación es un acontecimiento único de entrada en la aplicación, no una barrera recurrente a la participación.
La verificación se realiza a través de los servicios nacionales de identificación digital y protege el sistema frente a la manipulación artificial, el comportamiento inauténtico coordinado y las granjas de bots. Lo que entra en el sistema, sin embargo, no es la persona, sino únicamente un hash criptográfico irreversible del identificador. Esto hace técnicamente imposibles el perfilado político y la desanonimización incluso para los propios desarrolladores de la Plataforma: el sistema puede confirmar que un juicio pertenece a un ciudadano real y único, pero no puede establecer quién es ese ciudadano ni cuál fue su juicio. El anonimato no es aquí una opción técnica de seguridad, sino una garantía institucional fundamental de la libertad de expresión. Sin él, un ciudadano de una comunidad pequeña jamás emitiría desconfianza hacia un funcionario local.
El acto mismo de registrar un juicio se reduce a una elección binaria entre confianza y desconfianza, sin que se exija justificación ulterior alguna. Esta forma binaria abrevia cada interacción con la Plataforma a un minuto o dos, mientras la minimización de los umbrales de participación y la ausencia de todo pago animan al círculo más amplio posible de usuarios ciudadanos a la participación constante en el monitoreo, como precondición del escalado de la red y de la viabilidad del sistema. Estos factores se incorporaron a la arquitectura de la Plataforma no por mera comodidad de los participantes en este intercambio de información, sino ante todo con vistas a formar un espacio propio de comunicación social y a institucionalizar la práctica correspondiente.
El segundo y último nivel arquitectónico es la Plataforma misma: la recopilación, el almacenamiento y la agregación de los juicios, y su conversión en índices públicos, medidas de la legitimidad pública de una persona que ejerce el poder a ojos de quienes están sujetos a él. Cada juicio se emite respecto de un funcionario identificado a través del cargo que ocupa. El índice se computa como una instantánea de todos los juicios vigentes sobre ese funcionario en el momento del cálculo, y a continuación se publica. El cálculo ocurre con una periodicidad establecida, de modo que el índice publicado permanece invariable hasta su siguiente recálculo. La secuencia de tales instantáneas forma la dinámica de la confianza pública en el funcionario a lo largo del tiempo.
El anonimato de la participación y la protección del usuario ciudadano frente a la desanonimización están integrados directamente en el código de la Plataforma según el principio de privacidad desde el diseño. La primera salvaguardia se establece en el nivel de la verificación: puesto que el sistema almacena solo un hash criptográfico irreversible, un juicio no puede vincularse a la persona que lo emitió, ni por terceros ni por los desarrolladores de la Plataforma. La segunda salvaguardia concierne a los datos mismos: el sistema no conserva, por principio, historial alguno de juicios ni de cambios de opinión, y registra únicamente su estado vigente. Incluso en el supuesto de un acceso no autorizado al sistema, un intruso no obtendría más que un cuerpo de juicios vigentes despersonalizados, sin nombres detrás y sin historia alguna que los preceda.
Un elemento propio de la metodología es el umbral estadístico de publicación. El índice de un funcionario se publica una vez acumulado un número establecido de juicios verificados; hasta entonces, el perfil muestra el progreso de la acumulación: cuántos juicios se han registrado y cuántos faltan para que el índice se abra. No es una formalidad técnica, sino un estándar de calidad en la medición: un indicador de legitimidad extraído de un cuerpo de juicio demasiado pequeño estaría distorsionado por el azar, y la Plataforma no presenta tales valores como nivel medido de confianza pública. Los umbrales se diferencian según la escala del cargo, de varios centenares de juicios para los funcionarios de rango nacional a varias decenas para los locales. La publicación de un índice significa, en consecuencia, que detrás de él hay siempre un cuerpo suficiente de juicio, y el momento en que un índice se abre se convierte en un acontecimiento público.
El cuerpo acumulado de juicios individuales de los ciudadanos, la Plataforma lo convierte en una señal pública: el índice de legitimidad del funcionario monitoreado. Ese índice se publica en un perfil reputacional abierto, y en ello la Plataforma da efecto a un principio: que a la naturaleza pública del poder debe corresponder la publicidad de la valoración que la sociedad hace de la legitimidad de quien lo ejerce. Aquí la señal cívica completa su recorrido y se convierte en un hecho social.
Los funcionarios no forman un nivel arquitectónico aparte de la Plataforma; son consumidores de sus productos informativos. El perfil público de un funcionario está abierto a todo visitante. La suscripción añade profundidad analítica a los datos sobre el nivel de la propia legitimidad pública del funcionario, y el perfil verificado añade el derecho de respuesta: un canal de presencia oficial junto al propio índice, en el mismo plano de visibilidad pública en el que se forma la señal reputacional.
La pregunta escéptica que se dirige a una institución de monitoreo de la legitimidad, como a toda forma de observación social sin sistema propio de sanción ni mecanismo de compulsión, es obvia: si la publicación de un índice de legitimidad no acarrea consecuencia jurídica alguna, ¿por qué habría de prestarle atención el funcionario monitoreado? La respuesta es que los cambios de conducta fuera del procedimiento formalizado no los produce la amenaza de la sanción, sino la fuerza de la visibilidad. La publicación del índice de legitimidad pública de un titular del poder pone en marcha varios mecanismos distintos de acción independiente, que componen a su vez un conjunto de incentivos y motivaciones que importan al funcionario.
El primer mecanismo es la anticipación electoral. Para los titulares de poder electo, la inestabilidad o el declive del índice señalan vulnerabilidad mucho antes de que la contienda electoral llegue a su desenlace, y permiten corregir la conducta pública. Los ciclos electorales establecidos abren el canal de retroalimentación solo en el momento en que responder ya no significa nada, mientras que el acceso a datos continuamente actualizados convierte una amenaza lejana de derrota en un parámetro corriente de gestión. El incentivo de vigilar el sentimiento electoral opera, en consecuencia, no solo en el periodo preelectoral, sino a lo largo de todo el mandato.
El segundo mecanismo es la vulnerabilidad del capital reputacional. El índice es público y persistente: existe como conocimiento común en las relaciones del funcionario con los votantes, el partido, los colegas y los medios. Un funcionario cuyo índice declina de manera sostenida afrontará sin remedio preguntas incómodas de periodistas, de compañeros de partido y de adversarios, sin consecuencia formal alguna, pero con consecuencias informalmente bien palpables. El peso de la reputación en las perspectivas de carrera ha contado en todas las épocas; la existencia de una fuente pública verificada lo multiplica.
El tercer mecanismo es la amplificación mediática: los índices llevan en sí el potencial de convertirse en indicadores estándar de referencia para los medios. Cualquier movimiento de un indicador así se convierte en noticia, lo que ensancha el espacio del interés por la participación cívica y de la motivación hacia ella; un círculo más amplio de participantes en el monitoreo afina el índice y profundiza el cuadro. El circuito de retroalimentación entre la publicidad de los datos del monitoreo y la intensificación de la participación cívica llena el espacio informativo y hace imposible la supresión de un índice incómodo: todo el que tenga interés puede verlo.
El cuarto mecanismo es la respuesta del entorno competitivo. Los rivales políticos y administrativos adquieren el medio de citar los indicadores de legitimidad poco convincentes de un oponente como argumento para el cambio de personal, y la oposición los cita en público. La posición del funcionario monitoreado dentro de la institución se vuelve vulnerable en materia de perspectivas de carrera, de atribuciones y de ascensos. En teoría, un funcionario puede ignorar cuanto quiera los datos del monitoreo público de su propia legitimidad; en condiciones en que quienes lo rodean muestran por ellos un interés atento, es improbable.
Ninguno de estos mecanismos sanciona ni compele formalmente; juntos, sin embargo, alteran radicalmente el entorno en el que opera un titular del poder, un entorno que pierde con ello sus principales ventajas históricas: la invisibilidad y la exención de respuesta.
La naturaleza de una institución social consiste en estructurar el desorden de alguna esfera de las relaciones sociales estandarizándola. Al mismo tiempo, la comprensión de la necesidad social que tal institución existe para satisfacer se aclara en la distinción entre lo que es y, en particular, lo que no es.
Teisond no es un órgano que controle la desviación mediante un sistema de sanciones, ni siquiera una forma de asociación de individuos en grupos o estructuras para el desempeño de funciones sociales. Sus tareas responden, no obstante, plenamente a las marcas de la satisfacción de ciertas necesidades básicas de la sociedad, entre ellas la seguridad, la socialización y el desarrollo, y se prestan a ser incorporadas por una sociedad democrática a sus procesos existentes.
Teisond es una infraestructura de medición de la actitud de la sociedad hacia el poder, que hace visible el juicio cívico. Sus funciones terminan ahí, pero su valor social no: ese valor reside en la posibilidad de suavizar las consecuencias del conflicto social latente permanente ligado a la coacción que unos miembros de la sociedad ejercen sobre otros y a la desigualdad de sus posiciones respecto de la distribución del poder.
La Plataforma no toma decisión propia alguna, no crea obligaciones, no impone sanciones, no destituye ni nombra a nadie. Lo que su funcionamiento produce es un flujo continuo y estructurado de datos, disponible para el uso de un amplio abanico de partes, de los órganos del poder estatal y los partidos políticos a las empresas, los medios, los académicos y las organizaciones cívicas, cada cual con fines y necesidades pragmáticos propios. Al mismo tiempo, el funcionamiento de la Plataforma como medio de interacción social da lugar a un espectro propio de consecuencias sociales y políticas: del uso por los ciudadanos de los datos abiertos en la formación de sus propias decisiones electorales, y el surgimiento de una institución de la reputación, a la cohesión institucional de la sociedad como forma de capital social de puente.
Teisond monitorea no la calidad de la administración pública, sino la actitud de los gobernados hacia quienes, en el poder, la administran. Un índice de legitimidad muestra el grado de acuerdo de los ciudadanos con el desempeño de determinadas funciones de poder por una persona determinada, no cuán bien, objetivamente, esa persona las desempeña. Son objetos de monitoreo fundamentalmente distintos, y la Plataforma no los confunde: un funcionario competente puede tener una legitimidad pública baja, y uno popular, una legitimidad alta con una competencia mediana. Distinguir lo uno de lo otro es tarea de la sociedad, ejercida a través de los medios, el análisis experto, los contrapesos institucionales y el juicio de los votantes; la Plataforma suministra una señal, y leerla requiere el ecosistema entero de las instituciones democráticas.
Teisond es neutral en cuanto a la afiliación política. Monitorea la legitimidad pública de todos los funcionarios sin excepción, en todos los niveles del poder sin excepción, con independencia de su color ideológico. La Plataforma no tiene preferencias políticas propias ni posición propia sobre quién merece confianza y quién no: su función se limita a publicar el estado real de la opinión pública.
Teisond no es una red social ni un foro. La Plataforma no ofrece posibilidad alguna de comentarios, mensajes ni creación de contenido de ningún género, solo el juicio binario estructurado. Tampoco es la Plataforma un sistema de vigilancia respecto de categoría alguna de sus usuarios, en forma alguna: el objeto del monitoreo es exclusivamente la percepción pública de la actividad pública de los funcionarios, no su vida privada ni su conducta; la participación de los ciudadanos está anonimizada; y el carácter público de los funcionarios es un principio jurídico de todo Estado democrático.
Los datos informativos de la Plataforma se distribuyen en forma de productos de mercado, que satisfacen las necesidades de diversos grupos de consumidores, tanto sociales y psicológicas como puramente comerciales. En relación con los usuarios ciudadanos, la Plataforma no es un instrumento para el cumplimiento del deber cívico: ni exhorta ni obliga. Presta al ciudadano un servicio, sin trabas y gratuito, en la satisfacción de necesidades personales sociales y psicológicas, entre ellas las necesidades de reconocimiento, de posición social y del sentimiento de dignidad, de la propia significación y de la influencia personal.
La superación del déficit democrático de rendición de cuentas, el reconocimiento mutuo y la reducción del nivel de conflicto en la sociedad surgen como consecuencia de la búsqueda de esas necesidades por el usuario ciudadano, no como el cumplimiento de una tarea que se le haya encomendado.
La honestidad intelectual exige declarar con claridad no solo lo que la Plataforma hace y no hace, sino lo que no promete.
Un índice de legitimidad registra la percepción pública, que es por definición subjetiva, dependiente del sentimiento dominante y abierta a influencias y manipulaciones de diversa índole. Es una medida de confianza, no una certificación de competencia, y así debe leerse.
La Plataforma no compone muestras ni recurre a extrapolación alguna: trabaja con los juicios emitidos, cuyo carácter voluntario es la garantía de su franqueza. El umbral de juicios requerido protege del ruido aleatorio, pero no es salvaguardia contra la participación desproporcionada: algunos grupos de ciudadanos, por razones propias o respecto de determinados objetos de juicio, se pronuncian con más facilidad que otros. Cada índice individual se agrega, en consecuencia, a partir de un círculo de juicios que le es único. Por lo mismo, el movimiento de un índice no siempre significa un cambio de actitud; puede reflejar un cambio en el círculo de quienes han decidido pronunciarse.
La honestidad sobre los límites exige un reconocimiento más: el primer juicio de un nuevo participante cuesta un esfuerzo. Requiere la verificación de la identidad del ciudadano, una exigencia algo onerosa para los estándares del uso ordinario de las redes sociales. No es arrogancia de los arquitectos ni una barrera de admisión, sino el precio de la transparencia y el pago por la credibilidad: sin la verificación de la identidad del participante, el valor de los datos de la Plataforma no sería mayor que el de una encuesta tradicional en línea. La arquitectura de la Plataforma pide superar este obstáculo una sola vez: la verificación precede únicamente al primer juicio, en el punto de máxima motivación, y no vuelve a solicitarse jamás en la vida de la cuenta. En los países con sistemas nacionales de identificación digital en funcionamiento exige un esfuerzo mínimo y dura segundos; donde faltan, la realiza un proveedor independiente autorizado mediante la verificación remota de un documento de identidad: un esfuerzo tangible, pero único. Toda interacción ulterior con la Plataforma, volver a la cuenta, cambiar un juicio, seguir los índices, transcurre sin trabas.
Si los déficits estructurales de rendición de cuentas y la intangibilidad de la burocracia designada existen desde hace siglos, es preciso explicar qué factores objetivos hacen el despliegue de Teisond posible y necesario precisamente ahora. La respuesta está en la intersección de dos procesos paralelos: la maduración de una necesidad social aguda y la maduración de las tecnologías capaces de satisfacerla. La primera crea la demanda; la segunda, por primera vez, hace posible la oferta.
El orden digital ya ha producido una infraestructura sumamente eficaz, omniabarcante y universalmente accesible para la descarga de la emoción humana. Las redes sociales y las plataformas de comunicación están optimizadas para retener la atención y difundir contenido, y ambas tácticas premian la excitación emocional antes que el juicio meditado. En una infraestructura de esa índole, solo la emoción se mueve al instante y sin impedimento.
Y sin embargo, con toda la colosal infraestructura de la emoción que ha surgido, la humanidad sigue sin haber adquirido una infraestructura del juicio sereno. Los instrumentos disponibles pueden movilizar a la gente en un instante para una oleada destructiva, pero no ofrecen canal institucionalizado y sostenido alguno para registrar y publicar una valoración mesurada y cotidiana de la eficacia de la gobernanza pública. La emoción se observa de inmediato y por todos; el juicio meditado no deja huella.
Una generación entera ha crecido en este entorno. Los habitantes de las plataformas digitales constituyen cohortes demográficas de peso creciente en toda democracia asentada: la interacción multilateral dentro de un ecosistema les es natural, y la retroalimentación en tiempo real es su estándar de comunicación. En consecuencia, el confinamiento de la participación cívica en la vida pública, la gobernanza y la producción de normas a una cabina electoral una vez cada varios años no admite explicación inteligible. Para esta generación la pregunta no es por qué habría de usarse una cosa así, sino por qué no existe todavía.
El desequilibrio infraestructural descrito contribuye a la erosión de la capacidad de juicio racional, a la fragmentación de la atención, al embrutecimiento del discurso público y a la caída de la confianza en los modelos básicos de gobernanza, y en último término a la atomización de la sociedad. Son precisamente estos fenómenos los que forman una demanda cívica aguda de un instrumento de influencia directa pero no forzosa: de una manera de ser oído que no exija ni salir a la calle ni una ruptura emocional.
Hasta hace poco esa demanda no podía satisfacerse, por falta de madurez tecnológica: los instrumentos de la generación anterior arrastraban dos vulnerabilidades fundamentales.
La primera era la ausencia de medios de identificación remota. Sin ellos, toda encuesta independiente está indefensa frente al comportamiento inauténtico coordinado: la participación falsificada no puede distinguirse de la genuina. Un sistema en el que esa distinción está fuera de alcance no puede ser recibido como fuente legítima de una señal pública.
La segunda era que las arquitecturas de bases de datos de las décadas pasadas no podían garantizar el anonimato de la participación. Toda autenticación centralizada de una persona dejaba un rastro digital que vinculaba al usuario de un recurso con el mensaje que enviaba, y creaba con ello riesgos de desanonimización en condiciones que no ofrecían protección alguna frente a influencias ejercidas al margen de la ley.
Incluso en una democracia madura, el ciudadano depende del poder a diario y en múltiples dimensiones, lo que equivale a decir que vive bajo la operación continua de la coacción, aplicada con grados variables de justicia. Las decisiones de aplicar esa coacción, además, las toman personas, a su discreción y con todos los defectos que las personas tienen, mientras los instrumentos de protección, como los tribunales o el defensor del pueblo, intervienen, en el mejor de los casos, a posteriori. En tales condiciones, la participación personal en cualquier práctica de observación social, aun informal, sigue siendo peligrosa para el ciudadano, y la única garantía frente a ese peligro es el anonimato absoluto del juicio.
Los requisitos para superar estas dos vulnerabilidades son mutuamente contradictorios: una señal creíble exige una identidad confirmada, y una participación segura exige que esa identidad quede absolutamente oculta. Mientras la tecnología no pudo unir lo uno con lo otro, el monitoreo masivo e independiente de la legitimidad del poder siguió siendo imposible.
La situación ha cambiado de raíz solo ahora, cuando los ecosistemas digitales han alcanzado la madurez infraestructural necesaria y han cerrado las dos vulnerabilidades nombradas.
La primera precondición es la introducción masiva y el reconocimiento jurídico de los sistemas nacionales de identificación digital. Por primera vez permiten identificar, autenticar o verificar al usuario de un recurso en línea de manera instantánea, incondicional y sin coste para él, también en su condición de ciudadano de la jurisdicción de que se trate. Al mismo tiempo, ningún sistema estatal es punto único de entrada a la Plataforma Teisond: un canal paralelo de proveedores independientes autorizados garantiza que una infraestructura de monitoreo cívico no dependa de decisiones tomadas por aquellos a quienes monitorea.
La segunda precondición, y la decisiva, es la madurez del hash criptográfico irreversible. La ingeniería digital moderna permite separar el resultado de la autenticación de una persona del almacenamiento de su juicio, convirtiendo los datos personales en un código despersonalizado. El resultado es que cualquier observador externo puede ver que el derecho de juicio ha sido ejercido por uno de los ciudadanos verificados, y puede ver el juicio mismo, pero nadie en el mundo es técnicamente capaz de establecer quién lo emitió. La verificabilidad del participante y el anonimato del juicio coexisten por primera vez dentro de un mismo sistema, sin contradecirse.
Es esta convergencia de dos cualidades nuevas, la madurez de una necesidad social y la madurez de la tecnología, la que determina la singularidad histórica del momento para la introducción de una nueva práctica social. Una demanda aguda de superación de los déficits de rendición de cuentas ha adquirido por primera vez un fundamento tecnológico adecuado, lo que hace el intento no prematuro, sino oportuno.
Complementar las prácticas familiares de la democracia con una institución de monitoreo de la legitimidad pública lleva a Teisond más allá de los límites tanto del activismo de derechos humanos como del proyecto puramente tecnológico. Funda una categoría social fundamentalmente nueva, científica y comercial a la vez: el Análisis de Legitimidad Pública (PLA, por Public Legitimacy Analytics). La unión de estas dos propiedades da a la institución un doble asiento: el carácter científico de la metodología asegura la confianza en los datos que genera, y el valor de mercado de esos datos como producto informativo asegura su autosuficiencia económica.
La sociología de la opinión pública registra la opinión de la sociedad en instantáneas aisladas y ocasionales, referidas a la cúspide de la clase política, de un sondeo al siguiente. Los servicios digitales, estatales y comerciales por igual, generan sin interrupción volúmenes colosales de datos, pero la actitud de la sociedad hacia el poder no es objeto de interés de ninguno de ellos, y aparece en esos volúmenes a lo sumo como rastro incidental: por accidente, dispersa y sin estructura. La función del monitoreo público continuo de la legitimidad del poder sigue vacante.
Es esta función la que asume la categoría del PLA, presentando a la sociedad y al mercado, por primera vez, el estado actual de la legitimidad del poder, una magnitud hasta ahora meramente presumida del hecho de la elección o el nombramiento, a lo largo de toda la vertical de la gobernanza, en forma de cuerpos de datos cuantificados y continuamente actualizados.
El núcleo sustantivo de la categoría es la estructuración del juicio cívico. La Plataforma agrega las actitudes de los ciudadanos hacia un funcionario determinado, objeto de monitoreo dentro del ejercicio de sus atribuciones oficiales, refiriendo cada juicio al cargo y cada indicador computado al momento de su cómputo. Los juicios binarios individuales de ciudadanos verificados se convierten así en índices vivos, computados bajo una metodología única, y de estos en tendencias matemáticas derivadas y comparaciones: entre funcionarios individuales de igual rango, entre niveles de gobernanza y entre periodos de tiempo.
Los productos analíticos resultantes son índices de distinta profundidad de detalle: el índice nacional de legitimidad de los funcionarios (NOLI), los cuadros detallados de funcionarios individuales (OPLS) y los indicadores de anomalía reputacional. Estas métricas ofrecen una instantánea estadística de la legitimidad del aparato administrativo a cualquier profundidad, del jefe del gobierno al jefe de una inspección de distrito, haciendo visible la actitud de la sociedad hacia el poder allí donde hasta ahora nadie la medía, ni para la más alta dirección del Estado ni para los órganos municipales.
Los productos informativos de Teisond abren un segmento propio dentro de un mercado asentado desde hace mucho, el del sondeo sociológico: un segmento de nueva demanda y de nuevo valor de consumo, aún sin competencia. Este espacio de mercado no había tenido ocasión de formarse hasta ahora, y no por descuido de nadie: lo que faltaba era el marco conceptual en el que la legitimidad del poder pudiera concebirse como magnitud medible. Sin el marco no había categoría de datos; sin los datos, su valor permanecía invisible; sin valor visible no podía surgir demanda. La Plataforma rompe este círculo desde el lado de la oferta: primero el marco, después los datos y solo entonces el mercado. El posicionamiento dentro del mercado demoscópico no es, con todo, más que la proyección comercial de los valores sociales que la Plataforma crea. En paralelo, como consecuencia emergente del funcionamiento de un canal de información recién creado, toma forma una modalidad adicional de capital social: la visibilidad mutua, el reconocimiento y la rebaja de la tensión del conflicto entre la sociedad y el poder.
La Plataforma Teisond no insta a los ciudadanos al cumplimiento de deberes cívicos de uno u otro género, ni cuenta con conciencia social innata alguna por su parte. Lo que hace viable la Plataforma es una propuesta de valor que satisface un conjunto de necesidades psicológicas personales del usuario individual: las necesidades de reconocimiento, de respeto propio, de elevación de la posición social y de la autoestima, pero ante todo de la restauración de la dignidad y de la capacidad de actuar en el trato con los titulares del poder.
Cuando los funcionarios de los niveles superiores del poder actúan en contradicción con las nociones de los ciudadanos sobre el bien común, el beneficio público o la justicia, y cuando los representantes de los círculos inferiores de la administración pública exhiben interés propio, incompetencia, ignorancia jurídica o desprecio, al ciudadano lo embarga una mezcla particular de sentimientos: frustración, impotencia y humillación.
Cuando todos los medios de respuesta, resistencia o defensa que una persona conoce resultan inaccesibles o ineficaces, esa mezcla de sentimientos destruye la estabilidad psicológica y provoca al mismo tiempo la necesidad aguda de hallar algún medio de compensación. Es en el mercado nocional de los productos que satisfacen necesidades de este carácter, en un segmento suyo que hasta ahora no existía, donde el consumidor encuentra la propuesta de Teisond: la oportunidad inmediata, gratuita y anónima de actuar, de responder con un juicio que se convierte en parte de una señal pública.
La necesidad queda así satisfecha mediante un mecanismo que permite que la experiencia personal del ciudadano no permanezca invisible. La capacidad de actuar se restaura sin confrontación, sin organización, sin desanonimización pública, y la recompensa psicológica es concreta e inmediata: no quedé indefenso.
La resiliencia y la autosuficiencia de una infraestructura de rendición de cuentas democrática, y de la institución social correspondiente, descansan en que toda categoría de participante derive valor de tomar parte en su funcionamiento, cualquiera que sea el estrato social del que provenga y el papel que ocupe. Para el participante que ocupa un cargo, ese valor tampoco apela a la virtud, a la apertura, a la rendición de cuentas, al servicio, sino que se dirige a las necesidades profesionales y psicológicas concretas de un individuo que ejerce el poder público.
La motivación del funcionario como usuario potencial de la Plataforma opera, ante todo, en un plano puramente psicológico. Para toda persona investida de autoridad política o administrativa es un imperativo vigilar el estado del entorno sujeto a esa autoridad, la propia esfera de interés electoral, y el sentimiento corriente y los acontecimientos que lo moldean. Más allá de eso, la conciencia por parte de un titular del poder de que en el espacio público sucede algo fuera de su atención, algo con potencial de incidir en su posición y que no está bajo su control, hace la indiferencia ante tal situación psicológicamente insostenible. El efecto motivador de observar los indicadores de la propia posición pública surge de manera casi automática, cualesquiera que sean los detalles del argumento.
En cuanto a las necesidades concretas de un titular del poder que la Plataforma satisface, la primera es la necesidad de retroalimentación fiable. Un funcionario de cualquier nivel opera en un profundo vacío informativo sobre la actitud real de quienes están sujetos a su autoridad: el sondeo de opinión no se practica más allá de unas decenas de políticos de primera fila; los canales internos departamentales de retroalimentación filtran la señal cívica y llevan hacia arriba, sobre todo, lo que arriba se desea oír; y las redes sociales producen un ruido emocional desestructurado de escaso contenido informativo, cuya relevancia es ínfima o nula. El monitoreo cívico de la legitimidad es casi el único canal de información que entrega al funcionario una señal sin filtrar, verificada y continua sobre cómo perciben su autoridad aquellos sobre quienes se ejerce.
La segunda es la necesidad de una representación pública propia. El derecho de respuesta da al funcionario un canal de presencia oficial junto a su propio índice: explicaciones oficiales colocadas sin la mediación de los medios, en el mismo plano de visibilidad pública en el que se forma su capital reputacional.
La tercera necesidad nace de desafíos de carácter profesional. La competitividad del entorno descrita más arriba convierte la ignorancia del propio indicador en ceguera administrativa por elección: el funcionario que no observa su índice queda sin conocer circunstancias conocidas por todo observador profesional, adversarios, colegas y periodistas incluidos.
Una marca particular de este conjunto de propuestas de valor es su universalidad a lo largo de toda la vertical de la gobernanza. Las motivaciones de un primer ministro y del director de una escuela secundaria son aquí idénticas: ambos ocupan un cargo público, ambos llevan una reputación personal de la que dependen sus carreras y ninguno de los dos ha tenido hasta ahora acceso a fuente alguna de información sobre el estado real de esa reputación.
La existencia de la Plataforma crea para el funcionario un riesgo nuevo: lo que antes solo podía conjeturarse se vuelve públicamente manifiesto. A primera vista es una amenaza pura, pero la fuente del riesgo no es la aparición del juicio público, que siempre ha existido, sino únicamente el hecho de que adquiera forma visible y medible. En estas circunstancias, el valor de la propuesta de Teisond es claro: una amenaza sin estructura, dispersa e inconmensurable, no puede gestionarse en principio, mientras que un parámetro medible sí; y la función de la Plataforma respecto del funcionario se convierte no en instrumento de presión, sino en instrumento de autogestión profesional.
La participación en el monitoreo es gratuita para los ciudadanos por definición, puesto que el intercambio de valor entre la Plataforma y su usuario se produce en el plano de la satisfacción de las necesidades personales, sociales y psicológicas, de ese usuario. El potencial comercial del modelo Teisond está fuera de ese intercambio: los ingresos de la Plataforma se forman allí donde los resultados del procesamiento del cuerpo de juicio cívico adquieren valor profesional para otras categorías de usuario.
El modelo de negocio de Teisond se construye sobre el fundamento de una Crowdsourced Measurement Platform, una plataforma de medición por participación distribuida. La Plataforma no conecta a los usuarios, no concede a las partes del intercambio medio alguno de interacción directa entre sí y no actúa como intermediaria en ese intercambio. Usando los datos informativos recibidos de una categoría de usuarios, crea en cambio valor en la esfera de la comunicación pública, procesándolos, analítica y sintéticamente, en información estructurada y útil. Los juicios de los usuarios ciudadanos individuales no llegan a los usuarios de otras categorías en su forma original: se disuelven en agregados, y lo que se convierte en producto de consumo es un índice computado bajo una metodología única y cuya autoría pertenece a la propia Plataforma. El participante en el monitoreo y el objeto del monitoreo no se encuentran en esta construcción, no negocian ni se eligen mutuamente; el anonimato de la participación lo excluye arquitectónicamente.
Los productos informativos de la Plataforma se distribuyen en dos niveles de acceso. El primero, el nivel público, cumple la misión de la Plataforma como encarnación de una institución de monitoreo de la legitimidad pública del poder. En este nivel la información está abierta a todos los visitantes sin necesidad alguna de registro, y comprende el índice vigente de legitimidad de cada funcionario que ha superado el umbral de publicación, el aviso del umbral allí donde los juicios son aún insuficientes, y la metodología completa del monitoreo. El segundo, el nivel analítico, es de pago, y contiene los indicadores absolutos de confianza y desconfianza, las métricas de consenso, la dinámica y la dirección del movimiento de los indicadores en el tiempo, los intervalos de confianza, las series históricas, las comparaciones entre funcionarios del mismo nivel de gobernanza y los indicadores de anomalía reputacional. La frontera entre los niveles se sigue del principio de que la información pública es autosuficiente y porta un valor social propio, y de que todo lo que relaciona los datos públicos con indicadores detallados sobre los objetos de monitoreo pertenece al nivel analítico, es decir, a los resultados del procesamiento analítico y sintético de los datos primarios como producto comercial de la Plataforma.
La fuente primaria de ingresos de la Plataforma son las suscripciones de los funcionarios a los datos del nivel analítico, generados continuamente por la Plataforma a partir del cuerpo de juicios de los ciudadanos sobre el titular de la suscripción. En la relación de suscripción el funcionario es cliente de la Plataforma, pero lo que compra no es ni la presencia en el sistema ni una oportunidad de autoposicionamiento: es información detallada y actual sobre su propia posición pública. El precio de la suscripción se fija por nivel de autoridad, del más bajo para los funcionarios de rango local al más alto para los primeros cargos del Estado, y no depende ni del número de juicios registrados por la Plataforma ni del nivel de los indicadores de legitimidad; dentro de cada nivel se calibra según las condiciones económicas de la jurisdicción. Esta estructura de precios elimina toda conexión entre la actividad de los ciudadanos al emitir juicios y la ventaja económica de la Plataforma, manteniendo a la vez el precio del acceso asequible para un funcionario de cualquier rango.
Los ingresos secundarios la Plataforma los genera de varias categorías adicionales de suscriptores, guiada cada una por motivaciones propias para obtener acceso a los datos del mismo nivel analítico, pero referidos a todos los funcionarios en ejercicio del país, con fines profesionales (Data Access). La propuesta de valor para los medios es el ahorro en fuentes y un recurso editorial permanente. Las instituciones académicas y las organizaciones de desarrollo de políticas obtienen acceso a conjuntos agregados de datos para la investigación, y al hacerlo constituyen el PLA como campo de estudio por derecho propio. Las consultoras políticas, las agencias de relaciones públicas y las divisiones analíticas de instituciones y corporaciones usan los índices de legitimidad como insumos de su propio trabajo de asesoría: la elaboración de estrategias, el mapeo de partes interesadas, la valoración del riesgo institucional. Los ingresos de este segmento de usuarios crecen en la medida en que los datos de la Plataforma se convierten en punto de referencia estándar en el ecosistema de la analítica política.
Un rasgo propio de la Plataforma Teisond es un alto potencial de crecimiento en red del valor de la propuesta, para cada nuevo usuario y para cada usuario actual, a medida que aumenta el número total de usuarios. Cada categoría de usuario consume el resultado de la actividad de otra, y el valor crece por ello en ambos lados, aunque de maneras algo distintas: un círculo más amplio de participantes en el monitoreo eleva el peso estadístico de los datos, mientras la atención del poder incrementa el sentido de la participación cívica. Cuanto más amplio es el círculo de ciudadanos que emiten juicios, más preciso es el índice y más profunda la analítica que reciben los segmentos de clientes. Y a la inversa: cuantos más funcionarios observan su propia posición pública y hacen uso del derecho de respuesta, más palpable es para el ciudadano aquello por lo que está en el sistema: el destinatario del juicio observa y responde. El primer flujo de datos alimenta el valor comercial del producto; el segundo, el valor social de la participación. Entre las partes no se produce transacción alguna, y sin embargo cada una contribuye a elevar el valor de la Plataforma para su contraparte.
El proyecto global Teisond se despliega según un modelo de arquitectura centralizada multi-tenant: todas las jurisdicciones son servidas por un único cuerpo de código de software, y la especificidad nacional la fija un paquete separado de configuración de datos. Lanzar una plataforma nacional Teisond en un nuevo país no requiere ni infraestructura local ni personal local; basta la integración con uno o varios sistemas locales existentes de verificación. El coste marginal de cada país sucesivo en la red Teisond, el desembolso adicional de su lanzamiento por encima de la base común, se reduce así, en lo esencial, a la carga única de una base de datos nacional de funcionarios, la creación de un archivo de configuración y la activación de la verificación de identidad para la jurisdicción en cuestión. Los costes agregados crecen sustancialmente más despacio que la cobertura, y la economía unitaria mejora con cada expansión.
Varias fuentes comunes de ingresos quedan excluidas del modelo Teisond deliberadamente, no como declaración de intenciones abierta a revisión posterior, sino como restricción estructural de arquitectura y gobernanza. Queda excluida la publicidad en cualquier forma, pues genera incentivos para maximizar la interacción a costa de la adhesión a la metodología. Queda excluida arquitectónicamente la cesión de datos de usuarios a terceros: los datos que podrían cederse, la Plataforma ni los acumula ni los almacena, ni perfiles de ciudadanos ni juicios individuales en forma alguna apta para la exportación. No se admiten los servicios de consultoría política y apoyo a campañas, incompatibles con el imperativo de neutralidad que asegura el valor del producto informativo central. El modelo tampoco prevé dependencia de presupuestos públicos ni de programas de subvenciones: la autosuficiencia financiera está incorporada a su fundamento.
El denominador común de todo el modelo es la independencia de la medición de la legitimidad respecto del lado comercial de las relaciones entre la Plataforma y sus participantes: ni la suscripción de un funcionario ni la compra de un paquete de Data Access tienen efecto alguno sobre la metodología de la Plataforma, y ninguna de las dos otorga derecho alguno a intervenir en la recopilación, el cómputo o la publicación de los datos.
Cada eslabón de la construcción descrita compone un circuito único. El déficit de retroalimentación entre el poder y la sociedad engendra una necesidad social; la necesidad se satisface mediante la participación masiva; la participación genera datos de una categoría nueva; el valor de mercado de los datos financia la infraestructura de recopilación, almacenamiento y procesamiento; y la infraestructura sostiene la existencia de la institución que satisface la necesidad. Misión social y modelo de negocio no coexisten aquí en compromiso: constituyen un solo mecanismo, examinado más arriba desde lados distintos.
La desproporción social que Teisond elimina no es propia de ningún país en particular: allí donde los funcionarios ejercen un poder continuo sin la carga de mecanismos de rendición de cuentas continua, existe el mismo vacío estructural, y con él el mismo espacio para una institución que lo colme. El modelo de la Plataforma Teisond conviene, en consecuencia, a cualquier democracia consolidada del mundo, y se adapta con facilidad a la especificidad nacional en virtud de una metodología única, una arquitectura única y la configuración por software de los parámetros locales.
La universalidad de la misión no implica, sin embargo, indiscriminación en las direcciones de expansión de la red Teisond. El conjunto de jurisdicciones en las que la Plataforma puede desplegarse no lo determina lista cerrada alguna ni se establece a discreción administrativa de nadie: el criterio declarado es la marca de democracia consolidada según la clasificación de las instituciones internacionales independientes Freedom House y V-Dem. Es este criterio el que responde a la pregunta por las perspectivas de cualquier país de unirse a la red Teisond, y el que hace la geografía de su expansión transparentemente previsible. La composición actual de las jurisdicciones de la red se muestra directamente en teisond.com; el White Paper deliberadamente no la fija, dada la dinámica del desarrollo de la red.
El proyecto Teisond no se anuncia: opera. Cada jurisdicción del conjunto actual tiene presencia nacional; la activación plena de la plataforma nacional está completa en unas y, en otras, en la fase de composición de las bases de datos locales de los objetos de monitoreo, el único componente del despliegue que toma tiempo. La arquitectura multi-tenant de la red Teisond simplifica radicalmente la conexión de un nuevo país en el nivel de entrada, y el plazo para que una jurisdicción adicional se una a la red operativa se cuenta en días. El ritmo de expansión lo limita únicamente la preparación operativa de las bases de datos nacionales, no la capacidad técnica, los ciclos financieros ni necesidad alguna de evaluar la demanda de consumo: una institución social de esta índole forma su entorno por el hecho mismo de su presencia en el espacio público.
Una red única bajo un operador único es el modelo de base para realizar la misión Teisond, pero no el único posible. Para las jurisdicciones cuyos representantes interesados busquen plena autonomía, el estándar Teisond puede reproducirse en forma de plataforma nacional autónoma, con la misma arquitectura, el mismo código de software y la misma metodología, pero bajo una gestión local propia. Esta forma de realización nacional del proyecto es posible en condiciones de franquicia, con observancia de los estándares Teisond, que garantizan la comparabilidad de los índices y la inviolabilidad de la metodología con independencia de la forma de gestión. Para cualquiera de los dos modelos nombrados rige una misma fórmula: la misión es universal; la ejecución, disciplinada.
Las secciones que siguen exponen cómo está organizada la construcción de la Plataforma: los fundamentos conceptuales y metodológicos de la medición del nivel de legitimidad, la arquitectura técnica de la Plataforma, el modelo operativo de despliegue, la estructura jurídica, la gobernanza y la visión a largo plazo de la adquisición de los derechos de propiedad sobre la infraestructura por sus usuarios.
Las secciones siguientes están disponibles íntegras en el PDF. Cada una se apoya en la definición del problema de la Sección 1 para establecer la metodología, la arquitectura técnica, la estructura jurídica, la gobernanza, la hoja de ruta y la visión a largo plazo de la propiedad cívica.
El documento íntegro – 10 secciones, 5 apéndices, metodología completa, marco legal y arquitectura de gobernanza.
Descargar PDF →Lea la Carta de Neutralidad – los compromisos que vinculan a la Plataforma.
Lea el Marco de Soberanía y Confianza – la arquitectura que los hace efectivos.
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